Efectos económicos y sociales de la legalización de cocaína en Bolivia

Abstract

El presente trabajo de investigación titula "Efectos económicos y sociales de la legalización de cocaína en Bolivia. La inquietud que motivo el trabajo de investigación, fue llegar a conocer los efectos favorables y adversos que podría tener la legalización de cocaína en Bolivia, tanto por razones muy relevantes de índole histórica, cultural, social y económica. Se empleó un horizonte de 18 años; pues abarca el periodo de los años 1992 a 2010. Periodo que podemos caracterizar como de transición a una mayor producción y consumo de cocaína en el país. Un aspecto fundamental es el relevamiento de la información, se recolectó fuentes primarias para conseguir el conocimiento objetivo, realizando un análisis y síntesis exhaustiva de la Ley 1008. Las fuentes secundarias implicaron la recolección de datos, a partir de la revisión de Documentos y datos relacionados al proceso de la legalización de cocaína. Los principales efectos económicos y sociales positivos de la legalización de cocaína en Bolivia son: Aumento de los ingresos tributarios para el Estado. El control de precios de la sustancia por parte del Estado. Aumento del excedente del consumidor. Reasignación de recursos del Estado. Control y vigilancia sobre los agentes. Los efectos económicos negativos son: Imposición de bloqueos comerciales,. Disminución de los flujos de crédito hacia el país. Disminución de los flujos de inversión extranjera directa. Aumento en la percepción de riesgo de no pago de deuda externa (default) por parte de los mercados financieros. Adopción de mecanismos regulatorios costosos por parte del Estado. Incumplimiento debido al exceso de regulación estatal. La ilegalidad de la cocaína promueve precios altos, toda vez que el precio debe reflejar los costos de producción y distribución, que en el contexto de la clandestinidad son muy altos. La demanda de cocaína, por otro lado, parece responder poco a cambios en el precio, en parte por las características adictivas de las sustancias. La suma de estos dos fenómenos explica la alta rentabilidad del negocio de las drogas, precios altos por un lado y cantidad demandada constante (o creciente) por el otro. El Gobierno de Bolivia se muestra renuente en aceptar las indicaciones del aumento de consumo de cocaína. El estudio del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (CELIN) titulado "Uso de Drogas en Bolivia 1992-2010", mostró un aumento constante del consumo de drogas en todo el país, mencionados en los siguientes datos: (En valores absolutos - prevalencia del último mes), Los consumidores actuales de clorhidrato y base de cocaína, subieron de manera apreciable entre 1992 y 2010 (de 2.184 a 45.775 en el caso de clorhidrato y de 4.367 a 56.534 en el caso de la base de cocaína). Es bueno apuntar, sin embargo, que hasta el 2005, el consumo y crecimiento del consumo de base de cocaína era mayor al de clorhidrato y entre el 2005 y 2010 estos parámetros se invirtieron. Se ha analizado la Ley 1008, Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, donde se evidencia que no se encuentra acorde al contexto actual, tampoco contempla la aplicación de sanciones directas a personas que se dedican al transporte, comercio ilegal, y desvió de la hoja de coca en su estado natural, tomando en cuenta tanto a los productores, productor detallista, comerciante detallista y personas particulares. El Gobierno Nacional infringe la Ley 1008 con su Resolución Multiministerial 001/2007 Dicha Resolución aprueba la "Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca, 2007-2010. Conaltid" y el nuevo Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural. La producción, comercialización y el transporte legal de la cocaína quedarían sujetas a la fiscalización del Estado a través del órgano competente del Poder Ejecutivo y serian objeto de reglamentaciones especiales dentro del marco jurídico de la Ley 1008. Los ingresos provenientes de la tributación del manejo de la cocaína seria muy grandes al legalizar, todos los que manejarían la droga tendrían que servir conforme al marco legal (tributario) teniendo un mayor control sobre el consumo, venta y fluidez del material, agregando a toda la cadena productiva a tributar. Existiría un aumento de los ingresos tributarios para el Estado por cuenta del gravamen a la producción y comercialización de la cocaína. Por lo tanto, se reasignarían esos recursos del Estado, las entidades que destinan parte de su presupuesto a la lucha contra la producción y tráfico de drogas, dedicarían estos recursos a otros fines o propósitos (educación, salud, seguridad, desarrollo, infraestructura), tal como financiar los mecanismos regulatorios estatales.