Incidencia del sector de la construcción en el desarrollo económico del departamento de La Paz 1990-1998

Abstract

Entre 1990 y 1998, la construcción se constituyó en el sector que logró la tasa media de crecimiento más alta de toda la economía: 9.88%. En 1998 en términos absolutos, la actividad de la construcción y obras públicas generó un PIB sectorial equivalente a 340 millones de dólares americanos, hecho que significa un aporte muy importante del sector de la construcción en el concierto de las actividades económicas del país. En términos de relación inter-ramal, la construcción emplea bienes intermedios provenientes de otros sectores de la economía, En 1998 la economía del Departamento de La Paz creció a una tasa del 4.4%, en el período comprendido entre 1990 y 1996 el Departamento de La Paz registró una tasa de crecimiento del PIB Departamental de 4.13%, el sector de la construcción y obras públicas registró una tasa superior 9.68%. En 1997 el sector de la construcción ocupó un total de 118.850 personas, La Paz cuenta con 18.330 personas ocupadas en el sector construcción (15,42%), la ciudad de El Alto concentra el 20.85% de personas ocupadas 24.775. Las ciudades de La Paz y El Alto, en conjunto, ocupan poco más del 36% del total de ocupados en la construcción de las diez ciudades. Es importante mencionar que la población ocupada en el sector construcción se desenvuelve en condiciones precarias y no cuenta con un nivel de instrucción elevado. La oferta de servicios para el sector de la construcción, proviene tanto del sector público como del privado. La oferta del sector público, está conformada por el Servicio Nacional de Caminos, la Prefectura de La Paz, Gobierno Municipal de La Paz, Comando de Ingeniería del Ejército. Con referencia a la oferta del sector privado, en ésta se encuentra la industria privada de la construcción y las Organizaciones No Gubernamentales. La Demanda del sector de la construcción también proviene del sector público (Gobierno Central, Gobiernos Municipales y Prefecturas) y privado (Aguas del Illimani, Electropaz, Mutual La Paz y La Primera). En las épocas de crisis o de recesiones profundas, las políticas públicas deben enfatizar en el uso de los instrumentos de apoyo a la construcción, debido a sus elevados efectos multiplicadores sobre las demás actividades económicas, que pueden actuar en sentido positivo, desencadenando la expansión, o en sentido negativo, provocando la contracción, afectando la producción, las ventas, el empleo y los ingresos. El Programa de Reactivación Económica, propuesto por el Gobierno Nacional y los Programas de Desarrollo del Departamento de La Paz, formulados por la Prefectura y el Municipio, por el lugar estratégico que ocupa con el eslabonamiento de las actividades productivas, deben otorgar a la construcción, la atención necesaria a través de mecanismos orientados a la solución de sus problemas en lo referente a Infraestructura Caminera, elemento esencial para la necesaria vinculación interna y externa del departamento, a través de construcción y pavimentación de nuevas carreteras, con financiamiento de organismos multilaterales, rehabilitación y mantenimiento rutinario y periódico de la red fundamental, departamental y municipal de caminos, con recursos provenientes de una buena administración de peajes, que repercutirá directamente en la reducción de costos, tiempo de transporte y grandes gastos por emergencias; Libre Competencia de Mercado, facilitando la participación de empresas locales en las diversas licitaciones de obras públicas, en las mismas condiciones que las empresas extranjera, los constructores deben transformarse de simples contratistas de obras de las entidades públicas en empresarios constructores financiadores de sus propias obras; la transformación amerita integración del sector constructor en sus estratos directivos y a nivel empresarial, conformando consorcios, sociedades y otras formas de unidad para salir de la recesión; en licitación y adjudicación de obras, se infiere la necesidad de que los procedimientos sean transparentes y ágiles, reduciendo el número de boletas exigidas con montos y valores a ser definidos, pudiendo alternativamente presentar pólizas de caución, adjudicar la obra al precio razonablemente más bajo; considerando que las funciones del Estado son: dictar políticas y normas, fiscalizar, investigar, planificar y regular, debe propiciar, la aprobación de la nueva Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios consensuada entre el gobierno y el empresariado privado, seguida en su aplicación por alguna unidad (Comité de Oposición, Impugnación y Fiscalización) con suficiente autoridad para sancionar a funcionarios que violan su articulado y a definir situaciones de controversia; las Entidades Estatales y sobretodo el Gobierno Municipal, deben priorizar el pago de deudas las empresas constructoras paceñas destinando el "alivio fiscal" contenido en el Programa de Reactivación Económica y recursos del HIPIC II, prioritariamente al pago de las deudas con las empresas constructoras paceñas, evitando que los actos de corrupción y extorsión se amparen en la autonomía de los gobiernos municipales (Ley de Municipalidades); a fui de que los propietarios de predios, aprendan a respetar el ordenamiento jurídico, se debe contar con un reglamento final de uso de suelo, patrones de asentamiento y edificaciones, sustentando en un análisis profesional de primer nivel, con planos de la ciudad zonificados; las empresas de la construcción al ser unidades especializadas en la ejecución de programas para cl mejoramiento de la infraestructura en áreas urbanas y en la solución de los problemas habitacionales, están capacitadas para participar en la implementación y ejecución de programas encaminados a la atención de las necesidades de vivienda, definiendo con claridad el rol y la participación que tendrá el empresariado constructor en el Programa de Subsidio a la Vivienda; en lo referente a la aplicación del reglamento de evaluación y calificación de cartera, éste debe ser diferido hasta que la economía en su conjunto comience a demostrar signos de recuperación, otorgando medidas orientadas a flexibilizar la situación crediticia de las empresas constructoras nacionales, incluyendo a las mismas en el Reglamento de Bonos de Reactivación de NAFIBO, coordinando con la Dirección Única de Fondos, procedimientos irrevocables de pago a la cuenta bancaria de un contratista, de manera que éste pueda ofrecer en "garantía" a bancos y proveedores, los flujos monetarios de un proyecto contratado y en ejecución, creando un "Fondo de Garantías" al cual podrían acceder las empresas con cuentas por cobrar del Estado para que el sistema financiero pueda aceptar como un "activo en garantía" aquellas cuentas por cobrar y aprobando el Proyecto de la Ley de Garantías de Bienes Muebles, que permita ampliar el universo de garantías del sector constructor, para la obtención de créditos (maquinarias, equipo, contrato de obra y otros).