Proceso de participación popular en el desarrollo regional (1994-1998)

Abstract

A partir del año 1985 se desarrolla una serie de reformas económicas para estabilizar la economía; sin embargo, la crisis económica se traduce en una distribución inequitativa del ingreso e inversión, deteriorando el nivel de vida del país. En este contexto y luego de muchos debates acerca de la descentralización, se promulga la Ley de Participación Popular, el 20 de abril de 1994, esta Ley pretende cubrir la deuda social y regional, a través de la jurisdicción municipal, incremento de los recursos de los Municipios, participación ciudadana en la priorización de demandas e incremento de servicios básicos. La presente investigación plantea y demuestra la alta dependencia de los ingresos municipales de la coparticipación tributaria, la ineficiente asignación de recursos, concentrando las inversiones en determinadas regiones y sectores de la economía, por tanto, su contribución al desarrollo socioeconómico del país es poco relevante. En el desarrollo de la tesis existe una reseña histórica de la centralización. Se hace notar que la base para la coparticipación tributaria es la reforma tributaria y el criterio poblacional mejora la distribución en beneficio del sector rural. Sin embargo, a través de varios mecanismos se vuelve a concentrar los recursos en el eje central y las ciudades capitales. Los ingresos propios municipales otorgados por la participación popular benefician a los municipios del eje central y las capitales de departamento, y en menor grado las ciudades intermedias, los municipios pequeños no pueden generar recursos propios. La inversión ha sido concentrada en el eje y en el sector de urbanismo y vivienda. Los municipios pequeños no pueden encarar proyectos de envergadura y su fuente de financiamiento es en un 70%, coparticipación. Finalmente, se recomienda buscar mecanismos para otorgar más recursos a los municipios pobres y alejados, posiblemente el HIPC II, sea una respuesta Terminar con la hegemonía del eje central en beneficio de todo el país, limitar la inversión en el sector urbanismo y vivienda y dar fuerza a los sectores de infraestructura y apoyo a la producción, con objeto de alcanzar la meta de municipio competitivo.