Institucionalización del control social en el nivel subnacional : Caso Municipio de La Paz (1994 - 2015)

Abstract

La presente propuesta de investigación es formulada con el ánimo de construir conocimiento en torno a dichas temáticas que académicamente resultan todavía un tanto desconocidas. Sin embargo, son aptas para fortalecer los nuevos vínculos que conforme pasa el tiempo se van estableciendo entre el Estado y la sociedad. Toda la propuesta gira en torno a un pilar fundamental que necesita ser estudiado: la participación ciudadana y el Control Social. Lo visible de este proceso es el protagonismo ciudadano en las instancias de toma de decisiones sobre el destino de los recursos de Coparticipación Tributaria. De esta manera se institucionaliza el actuar ciudadano y ello dará lugar a la primera experiencia de consulta social en cuanto a identificación y priorización de demandas. Adicionalmente se debe tomar en cuenta que la generación de una nueva lógica de planificación en la asignación de recursos públicos, la superación de la tradicional postura contestataria y reinvindicacionista se da bajo la figura del Control Social. El nuevo control social planteado a través de la CPE y las siguientes normas conexas (LMAD y Ley Nº 341) responden a una contundente negación del pasado de la LPP e intentan cumplir aquellas funciones que no fueron cubiertas por la Contraloría, Procuraduría, el Ministerio público y otras instituciones administrativas de control posterior. A partir de lo rescatado por la presente investigación es indudable que más allá del actual proceso, con sus propias conceptualizaciones y definiciones, existen otros factores que determinan el éxito en un verdadero ejercicio del control social. Uno de ellos está determinado por la capacidad técnica de los actores sociales de la participación y el control social que deberá ser desarrollada por las propias instancias sujetas del control. De lo contrario la “nueva” figura del control social corre el riesgo de incurrir en los mismos errores del Comité de Vigilancia puesto que lo que se desea es constituir una instancia imparcial e independiente libre de cooptaciones por parte de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, ya sean estos a nivel central o local. Lo avanzado hasta aquí permite comprender que el ámbito municipal es el espacio más sencillo para definir los lineamientos de la participación ciudadana y el control social dadas las lecciones aprendidas de la experiencia de la participación popular. Este tema conlleva a debates más profundos en los que se debe superar la lógica simplista de entender el control social como la entrega y llenado de un formulario a las organizaciones sociales, como actualmente se observa al interior de los Ministerios. La necesidad de institucionalizar el control social es un tema muy importante y ahí es donde se presentan ciertas complejidades porque si se quiere normar la participación también se estaría vulnerando los derechos de la ciudadanía debido a que la participación en general es un derecho que no se puede limitar. La ley no podrá, ni deberá, normar la participación de la ciudadanía aunque lo que si se podría hacer es definir su participación en el marco del ejercicio del control social. Es pertinente destacar que la participación y el control social tienen el propósito de mejorar la gestión, reducir la corrupción, transparentar la gestión y generar corresponsabilidad entre en la ciudadanía.