Trata y tráfico de personas en Bolivia y los convenios internacionales

Abstract

Como bien sabemos, este delito de trata y tráfico de personas incentiva al crimen organizado y priva a los países de capital social y humano. También es una preocupación pública para la sociedad. Particularmente en países donde la corrupción predomina, el tráfico de personas subvierte la autoridad gubernamental aún más. El compromiso es de enfrentar ese comercio despreciable mediante los Derechos Humanos. Pues, en ninguna otra condición, los derechos inalienables de la persona humana son tan agraviados, cuando ella se transforma pura y simplemente en una mercadería de consumo para el placer de algunos. Dicho problema tiene un enorme costo económico por la pérdida de capacidad productiva de las víctimas y aquellos afectado por la trata y tráfico porque no solo dañan a la persona, sino también a los que lo rodean. Los medios de comunicación y las modernas tecnologías como el internet, a la vez que desempeñan la noble tarea de informar y denunciar estas situaciones despreciables de la persona humana, contribuyen, también, a favorecerlas mediante la publicidad, los anuncios de ofertas sexuales y la pornografía. Se convierten así, en función de los ingresos económicos, en cómplices de este mercado de seres humanos. Frente a problemas sociales de este tipo se requiere la participación de varios actores como gobiernos, políticos, países, organizaciones, fundaciones, ONGs; entre otros, los cuales de forma coordinada deben tomar decisiones y elaborar políticas públicas que sancionen y castiguen, en coordinaciones con otros Estados ser capaces de asumir con responsabilidad este hecho. Bolivia es un país que actualmente está atravesando cambios sociales, políticos y económicos muy importantes. El actual gobierno viene realizando esfuerzos para recuperar posicionamiento político, económico, social, cultural en el contexto internacional; además, realiza esfuerzos por el respeto a los derechos humanos para una vida digna. Sin embargo, dicha retorica de protección y respeto a los derechos inalienables de las personas permanece en compromisos pendientes por parte de las autoridades nacionales de Bolivia, faltando así a los compromisos internacionales y demostrando a los organismos cooperantes y partes de los convenios, moderada seriedad sobre el tema.