El desarrollo de las microfinanzas en el área rural en Bolivia

Abstract

Bolivia es uno de los países más atrasados de América Latina, ni los recursos que genero la bonanza económica en el 2006 -2013, no se sentaron las bases para un desarrollo económico y sostenido. Los marginados, en particular los del área rural siguen postergados. Este sector vulnerable no está incorporado a las leyes del mercado. El Estado, las instituciones de microfinanzas, reguladas y no reguladas; la banca comercial y otros, deben coordinar programas sostenidos en el tiempo, para ofertar servicios financieros a hogares rurales pobres, con estrategias propias de diversificación de ingresos y con flujos múltiples de fondos, para de este modo avanzar hacia un desarrollo y crecimiento del sector rural del país. La heterogeneidad de la clientela es mayor. Esta heterogeneidad responde no sólo a los rasgos humanos del empresario, sino también a los rasgos del entorno: suelos, clima, disponibilidad de agua. La evaluación de una solicitud de crédito en estas circunstancias es más difícil y más cara. La transferencia de la tecnología del micro finanzas a las áreas rurales no es, por lo tanto, fácil. Las organizaciones que lo están intentando con algún éxito han adoptado algunas prácticas muy creativas. No prestan exclusivamente para agricultura, sino para múltiples propósitos y se esfuerzan por ofrecer otros servicios financieros. Bajo este marco es que el Estado Plurinacional de Bolivia, debe impulsar políticas públicas, las cuales deben adoptar acciones que incentiven y fomenten el crecimiento y la expansión del financiamiento productivo rural y así lograr mayor cobertura de servicios financieros en zonas rurales, especialmente en departamentos y regiones fuera del eje troncal del país. No obstante ello, la obtención de los beneficios de la política pública debe ser para las entidades financieras un incentivo para seguir aportando al país trabajando en zonas rurales, pero también debe ser un desafío para coadyuvar al cumplimiento de los planes gubernamentales en materia de desarrollo económico y social. Por ello, el Estado debe establecer simultáneamente la obligación de que las entidades financieras cumplan con los objetivos y metas que defina para estos fines; la medición del grado de cumplimiento debe realizarse a través de indicadores de desempeño social que vayan a ser requeridos por el Estado.