Estrategías para la resolución de conflictos en el saneamiento del TCO'S para el pueblo indígena Leco.

Abstract

Si bien Bolivia es un país con una extensión territorial de 1.098.581 kilómetros cuadrados y una población actual de 8.274.325 habitantes, refleja un bajo nivel de densidad demográfica, donde se puede distinguir claramente una dicotomía bipolar de los que si tienen tierra y los que no lo tienen, dentro la sociedad boliviana (en especial los pueblos indígenas y originarios), que en la actualidad se esta entremezclando con una clase media cada vez creciente y empobrecida. Esta distribución desequilibrada de la “TIERRA” , ha generado conflictos entre una parte de la sociedad (pueblos indígenas y originarios) y el Estado, debido a la insatisfacción de las demandas por parte del Estado, donde buscan constantemente la reivindicación de su acceso a la tierra como un derecho fundamental. Es así que la tenencia de tierra en Bolivia es una problemática de hoy y de mucho antes, desde la Fundación de la Republica en 1825; tierras, minas y siervos eran los premios que se otorgaban a los súbditos (la econmienda y adelantazgos) de la Corona Española en nuestro continente. En la década de los 50, Bolivia vivió conflictos sociales como efecto de las ocupaciones de haciendas en regiones de los valles y altiplano, esto determino que en abril de 1952 el MNR tome el poder por las armas. Pero el gobierno del MNR no tenía claro su programa en relación al tema tierra, a pesar de que había formulado varios ensayos que no llegaban a la propuesta explicita de una Reforma Agraria. Esto dio como consecuencia una rebelión indígena y la generalizada toma de tierras. Así como efectos de la presiones y conflictos en 1953, se promulgo el Decreto – Ley 3464 -, conocido como Reforma Agraria, cuyo propósito fue transitar a una estructura agraria con predominio de la empresa capitalista, pero el principal reto de esta reforma fue: la redistribución de tierras a favor de quienes no la tenían o la poseían de forma insuficiente, y la eliminación del régimen servidumbral. El reconocimiento de la propiedad indígena ha sido bastante conflictivo, llegando incluso hasta el despojo violento, amparado en la fuerza o en las disposiciones legales (por ejemplo la eufiteusis o también denominada ex – vinculación de tierras originarias en el gobierno de Melgarejo) de los gobiernos que ampararon a los latifundistas. Así las políticas de tierras, han oscilado entre visones liberales e individuales de la tenencia de tierra, hasta la visión comunitaria y el derecho colectivo. La concepción de la tierra como un objeto mercantil por un lado y la visión religiosa y cultural de la madre tierra por otro, son valoraciones que van mas allá de un simple bien económico sujeto a transacciones mercantiles. Son visiones contrapuestas aun existentes. Mientras el Estado siga estableciendo una serie de políticas, que suponen la entrega de los recursos del país en concesiones a las empresas transnacionales, esto no garantiza un manejo sostenible, ni menos garantiza a la población que vive en esas regiones, su derecho al acceso a la tierra. En el caso especifico de las demandas de los Pueblos Indígenas y Originarios de Saneamiento y Titulación de Tierras Comunitarias de Origen, en estos 10 años de vigencia de la Ley INRA, se ha titulado menos del 10 % de un total de 150 demandas, por que las mismas son permanentemente obstaculizadas en casi todos los niveles por parte de todos los gobiernos. En la actualidad, el gobierno de Evo Morales, se planteo como una de sus tantas metas la “Nacionalización de la Tierra” en Bolivia o una Tercera Reforma Agraria plenamente participativa, con la participación de campesinos, colonizadores, pueblos indígenas y originarios, además de empresarios patriotas; que a diferencia de la primera Reforma Agraria, fue producto solo de la acción de unos cuantos políticos. La propuesta, presentada por el ministro del Desarrollo Rural y Agropecuario, Hugo Salvatierra y por el viceministro de Tierras, Alejandro Almaráz, plantea, entre otros aspectos, la reversión de la tierra con el único causal de incumplimiento de la función económicasocial , la distribución inmediata de hasta 4.5 millones de hectáreas de tierras a comunidades indígenas y campesinas y la agilización de los procesos de saneamiento y titulación. Pero la iniciativa no tuvo repercusiones, si no mas al contrario rechazo total de la parte Oriental del país, bajo la égida de Santa Cruz que a través de la Cámara Agropecuaria del oriente (CAO)que consideran un atropello del gobierno, ya que esto significaría la expropiación de grandes extensiones de tierra que existe en la parte oriental del país, es decir revertir tierras al Estado y el disponga su distribución; por eso la CAO consideran esto un abuso de poder y contraposición a las tierras orientales legalmente establecidas y no así tierras ociosas como las cataloga el gobierno.