Hoy en día se puede evidenciar de manera ineludible que el derecho cada vez va cambiando y evolucionando de tal manera que en la actualidad la normativa que en su momento fue vital para hacer prevalecer el orden y la paz social en el mundo ya no se adapta a las necesidades sociales, por lo que necesita ser actualizada, entre ellas se tiene a la Ley General del Trabajo (que data del año 1939), la Ley del Estatuto del Funcionario Público (proviene del año 1999) y otras leyes administrativas que rigen a los servidores públicos, puesto que regulan aspectos que van en contra de la Constitución Política del Estado así como Tratados y Convenios Internacionales, entre los derechos que vulnera estas leyes se encuentra el derecho a la huelga de los servidores públicos. A raíz de que los servidores públicos son considerados como aquellos que prestan labores en favor de la sociedad, el Estado ha optado por restringir varios de sus derechos prohibiéndolos por medio de la Ley General del Trabajo a no pertenecer o conformar sindicatos, a la prohibición de realizar huelgas bajo alternativa de ser sancionados por la norma penal; empero, estas restricciones no han impedido que muchos sectores que pertenecen al área publica no realicen tales actos, más al contrario a fin de generar presión para la atención y protección de sus derechos son los que más realizan huelgas, pero al estar prohibida su aplicación es ilegal, lo que nos lleva a aseverar que a raíz de su condición las autoridades hacen caso omiso a sus exigencias, convirtiese en opresor de derechos. La historia ha demostrado que los trabajadores han protegido y conquistado sus derechos por medio de la aplicación de la huelga, debido a que el empleador era un total autoritario y abusivo con los mismos, convirtiéndose este mecanismo como un III derecho reconocido a nivel internacional, por consiguiente, siendo que Bolivia acoge a varios servidores públicos en diferentes entidades públicas y empresas públicas se realiza una propuesta jurídica para el reconocimiento y aplicación del derecho a la huelga para los servidores públicos.