En Bolivia, si bien ha sido constitucionalizado el artículo 32 de la Ley N. 1178 en el artículo 113-II de la Constitución Política del Estado de 2009; este, a más de 14 años de su vigencia, no ha merecido la puesta en práctica efectiva por el Estado boliviano, para el ejercicio adecuado del derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna y con acierto, ante la vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas; por las conductas, actos u omisiones de los órganos y funciones públicas estatales, sean estas: normativas, administrativas y jurisdiccionales; pero, al contrario se endurecen la responsabilidad del servidor público y de los ciudadanos. En cuyo mérito, el propósito es, demostrar la responsabilidad patrimonial extracontractual fallida del Estado en Bolivia, y, como lógica consecuencia, se está generando el habitus de la vulneración de los derechos constitucionales del pueblo boliviano; en el marco analítico de las teorías del “derecho fallido” de Jorge L. Esquirol y el “habitus” de Pierre Bourdieu. A ese efecto se hizo el análisis crítico y observación de los documentos públicos que reflejan como resultado, la inexistencia e ineficacia de la garantía constitucional; y, la incorporación o naturalización de la vulneración de los derechos constitucionales.