"Propuesta para mejorar la aplicación de la normativa que regula el actuar de jefes, y fiscales y abogados en delitos de prevaricato a favor de la sociedad"

Abstract

El objetivo de la tesis es determinar los factores formales, sociales y culturales que inducen a funcionarios judiciales cometer delito de prevaricato. A partir de esto, se propone ajustes a la norma jurídica; para lo cual se utilizó una metodología "hipotética deductiva" mediante la observación, la formulación de hipótesis, la deducción y constatación; llegando a los siguientes resultados: el Artículo 173 del CP Boliviano tutela, la legalidad en estricto cumplimiento a favor de la sociedad, por los órganos jurisdiccionales del derecho. Sin embargo, la ética del juez influye en la toma de decisiones contrarias a la constitución y las leyes; dando lugar a la acción prevaricadora. La tolerancia social hacia el disfrute de los beneficios privados y a la ilegalidad; por tanto, favorece la corrupción que la sociedad tolera como normal. En tal sentido, un acto de prevaricato tolerado socialmente, motiva al incumplimiento de la ley de manera frecuente. La presión de grupos corporativo en el ejercicio del poder como movimientos sociales afines al ejecutivo, ejercen un alto nivel de presión sobre el sistema judicial institucionalmente débil y dan lugar a actos prevaricación. Los beneficios que reciben los servidores públicos por transgredir el marco legal y constitucional respondiendo a interés de particulares son frecuentes y atentan contra la administración pública y la seguridad jurídica. Es una tarea pendiente del poder legislativo establecer medidas preventivas contra las malas prácticas procesales en el derecho penal; este debe abordar el tema con mucha prudencia, por lo delicado y sensible del caso. En consecuencia, no se presentan sanciones por delitos de prevaricato en el país. Sin embargo, existen muchos delitos impunes. Las medidas que luchan contra estas figuras delictivas (prevaricato) se orientan al buen funcionamiento del sistema judicial al servicio de XII los intereses de la sociedad. El juez y sus obligaciones le atribuyen una conducta facultativa, violentada por la acción prevaricadora, donde no se le puede atribuir desconocimiento, de la norma o mala interpretación de la ley. La manipulación política de cargos por grupos de poder distorsiona la función judicial, creando un ambiente institucional.