"Los consultorios jurídicos de la Universidad Mayor de San Andrés y su labor a coadyuvar a la orientación de las comunidades en la aplicación de la justicia originaria"

Abstract

Con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, Bolivia ha dejado de ser una república, para convertirse en un Estado Plurinacional en el aspecto político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. en el que entre cosas se reconoce, la existencia de 36 pueblos indígena originarios, cada uno de ellos con sus propios usos y costumbres, principios y valores que ha sido mantenido a través del tiempo, pese a querer imponerse durante la época colonial una nueva forma de vida y costumbres por parte de los conquistadores, lo que dio lugar a la implementación de un monismo jurídico, de observancia y cumplimiento para todos los habitantes, el que fue cuestionado de manera permanente a través del tiempo por su falta de credibilidad y transparencia a la hora de buscar justicia. De esta manera, con el renacimiento de un nuevo Estado Plurinacional, se reconoce la vigencia plena de la justicia indígena originaria campesina en favor de los pueblos originarios, para que mediante sus propias autoridades debidamente elegidas puedan impartir justicia dentro de su propia jurisdicción territorial como lo hacían antiguamente, el mismo que se caracteriza por ser mucho más ágil, transparente, sin muchos formalismos y ante todo gratuito, lo cual fue ciertamente muy bien recibido por los pueblos ancestrales, pese al cual una vez puesto en vigencia, surgieron los problemas y la confusión entre sus propios pobladores, quienes preguntaban si debían someterse a la justicia originaria o continuar buscando la asistencia de la justicia ordinaria; a más de que no todos los pueblos comenzaron a aplicar esta justicia a partir de ese entonces y por otra parte su aplicación mostró confusión, en la creencia de que el linchamiento de una persona que había cometido un delito grave era parte de la aplicación de la justicia indígena originaria campesina, dando lugar a una serie de interrogantes y cuestionamientos por parte de la sociedad, habiéndose promulgado a posteriori la ley 073 de 29 de diciembre 2010 de deslinde jurisdiccional, con la cual se limita y se hace conocer qué casos pueden ser de conocimiento de la jurisdicción y competencia de la justicia comunitaria, en relación a la justicia ordinaria, la justicia agroambiental y otras que coexisten y tienen vigencia dentro del Estado Plurinacional, esta ley ha traído disconformidad a los pueblos originarios, en sentido de no igualdad jerárquica entre la justicia comunitaria y la ordinaria señalada en la propia Constitución Política del Estado del año 2009, situación que sin duda queda pendiente de su debido análisis y tratamiento, por las autoridades del gobierno central. Por otra parte, la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, cuenta con el Instituto de Práctica Jurídica y Consultorios Jurídicos que viene realizando una labor de orientación y asistencia legal gratuita, en favor de las personas de escasos recursos económicos, desde hace muchos años atrás, situación por lo que sin duda corresponde brindar la misma labor de orientación y asistencia a las comunidades indígena originario campesinos en nuestro departamento, respecto a las inquietudes y problemas que tienen estos pueblos en la aplicación de la justicia comunitaria, con la finalidad de optimizar la justicia que imparten sus autoridades originarias, la labor de asistencia y cooperación mutua que debe existir con la justicia ordinaria, agroambiental, etc., labor de extensión e interacción social que debe cumplir la Carrera de Derecho por intermedio del Instituto de Práctica Forense y Consultorios Jurídicos, por mandato imperativo de nuestra Constitución Política del Estado en favor de su pueblo. jurídico