Bolivia a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional del 2009, se ha enmarcado dentro del nuevo constitucionalismo del siglo XXI, que entre sus máximos postulados busca alcanzar la justicia social a través del respeto y obediencia a los preceptos constitucionales, por encima del principio de legalidad del antiguo Estado de Derecho. Esto implica un giro en la relación entre el poder político y el nuevo rol del Tribunal Constitucional Plurinacional. En su misión constitucional de proteger y garantizar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, los magistrados del Tribunal Constitucional, tienen cómo herramienta principal la facultad interpretativa, que les permite sacar resoluciones que por virtud de la Constitución tienen carácter vinculante y son de obligatorio cumplimiento para todos los demás órganos del Estado y el conjunto de la población. Esta facultad interpretativa y vinculante de las sentencias, declaraciones y autos constitucionales, tiene efectos políticos, jurídicos y sociales que pueden conflictuar a la sociedad y romper con la paz social, mucho más, cuando se cuestiona la independencia del TCP por la influencia que ejerce el poder político. .