Propuesta de norma jurídica para el incentivo y regulación de energías alternativas

Abstract

La Constitución Política del Estado en su artículo 33 reconoce el derecho fundamental al medio ambiente y en su artículo 20, parágrafo II, reconoce y consagra al acceso al servicio de electricidad como un derecho fundamental. De acuerdo al artículo 379, parágrafo I de la Constitución, el Estado tiene el mandato de desarrollar y promover la investigación y el uso de nuevas formas de producción de energías alternativas, compatibles con la conservación del ambiente.Las energías alternativas constituyen fuentes de carácter estratégico para una mayor seguridad energética y del suministro, debido a que pueden proporcionar un abastecimiento seguro sin riesgo de agotamiento de reservas, asimismo son más limpias y amigables con el medio ambiente, por tanto son sumamente importantes para la protección ambiental. Las energías alternativas presentan ventajas importantes, como su fácil acceso y adaptación a las necesidades de consumo energético de los hogares que no tiene acceso al servicio de energía eléctrica convencional. La aplicación de los mandatos constitucionales en el sector de energía establece la necesidad de construir un modelo energético ambiental sustentable, con base en: i) el desarrollo de las energías alternativas y ii) el ahorro y eficiencia energética; debido a que ambos posibilitan vivir una vida digna en el marco del ejercicio de los derechos fundamentales de: acceso a la energía y del medio ambiente. Con el propósito de desarrollar estos mandatos constitucionales se ha elaborado el "Proyecto de Ley de Incentivos y Regulación de Energías Alternativas" cuyo objeto es promover la generación de electricidad procedente de energías alternativas y fomentar su uso eficiente. El Proyecto de Ley considera tres componentes temáticos: i) los incentivos para el desarrollo de energías alternativas, ii) la electrificación rural con fuente en energías alternativas y iii) el uso eficiente de la energía, a través del etiquetado energético. Para la elaboración del citado Proyecto de Ley se realizó: el análisis de las políticas públicas energéticas, con el objeto de evaluar su contribución a las condiciones que posibiliten el ejercicio de los derechos fundamentales del medio ambiente y el acceso a la energía eléctrica, el estudio de las principales limitaciones que dificultan el desarrollo de las energías alternativas y dificultan la adopción de políticas de eficiencia energética, así como la problemática de la electrificación rural. Un aspecto fundamental considero la evaluación de los incentivos a la generación procedente de energías alternativas definidos por el Gobierno mediante el DS 2048 en el año 2014, a partir del cual se remunera por adaptabilidad a las citadas energías. Esto se realizó mediante la construcción de flujos de caja, a partir de los cuales se aplicó la evaluación financiera de los proyectos de energías alternativas que forman parte del "Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025" y actualmente se encuentran en operación. Asimismo, para la elaboración del Proyecto de Ley de Incentivos y Regulación de Energías Alternativas se realizó la revisión y estudio del marco competencial y las sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la materia de energía eléctrica. Esto se complementó con el análisis de los compromisos asumidos por Bolivia en el marco de la ratificación del "Acuerdo de París" a través de la Ley No. 835 y el derecho comparado de las legislaciones de Chile, Perú y Uruguay con respecto a incentivos para el desarrollo de energías alternativas y la eficiencia energética