En abril de 1984, durante el Gobierno de Hernán Siles Zuazo, se percibe la necesidad urgente de una estabilización fiscal, como requisito para una estabilización macroeconómica exitosa. Con el objetivo de combatir el déficit fiscal del Tesoro General de la Nación se desata un problema que a largo plazo resulta una enfermedad incurable en nuestro sistema Tributario. El principio tributario detrás de la Ley 843 era el de gravar el valor agregado, la depredación de recursos no renovables y, las utilidades. Por tal razón, se vislumbraba en el largo plazo, una economía con un Impuesto al Valor Agregado (IVA) que sumado a un impuesto a las utilidades, determinarían el grueso de los ingresos tributarios. Las condiciones tecnológicas, la gran informalidad fiscal en que se había sumido la economía, los escasos medios de control y las urgencias de recaudación determinaron algunas variantes a esa visión de largo plazo, que sin embargo, eran consideradas transitorias. Se creó el Impuesto a las Transacciones (IT), que, por su característica de impuesto en cascada, tiene un altísimo poder de recaudación, pero es, a todas luces, distorsionante en la generación de valores agregados pequeños. La universalización no se dio, la formalización no llegó a ser satisfactoria, y gran parte de las medidas, antiguamente transitorias, hoy son una fuente de deformación mayúscula. En tanto, el universo del IVA se vio empequeñecido por los sujetos pasivos al Régimen Simplificado, la informalidad de la economía no disminuye, o al menos, no lo hace de manera equilibrada entre las diferentes regiones del país. El Impuesto a Transacciones, impide que existan utilidades en valores agregados de menos del 3% que, dado el clima recesivo que imprime la globalización, son márgenes normales que se hacen no rentables ante la presencia de un impuesto en cascada. Por lo que el IT aumenta la potencialidad de una mayor informalidad de la economía.