El Contrabando En La Economía Boliviana Gestiones 2006-2010

Abstract

Los antecedentes históricos de la presencia del contrabando en Bolivia, se remonta a la década del cincuenta, donde el país enfrentaba un contrabando de exportación, debido principalmente a los efectos originados por los niveles artificiales del tipo de cambio. Posteriormente, a mediados de la década de los setenta, resultado de desequilibrios comerciales se evidenció la presencia de un sostenido incremento en la internación ilegal de mercadería, atribuida principalmente a: la situación monetaria en determinados países a cuyos mercados se dirigió una fuerte demanda de los contrabandistas.

Durante las últimas décadas, Bolivia tuvo políticas divergentes en materia de importaciones. Hasta 1985 se aplicó la llamada "Estrategia de Sustitución de Importaciones" que fue acompañada de varias restricciones arancelarias y paraarancelarias a los productos provenientes del exterior. La crisis económica de la primera mitad de la década de los años 80, sin embargo condujo a un nuevo modelo económico basado en una "Estrategia de Inserción Internacional Hacia Afuera", que buscaba una asignación más eficiente de los recursos donde los precios debían ser determinados por el mercado y no así por la intervención del Estado. En este contexto, desde 1985 se dejaron de aplicar licencias o permisos previos para las importaciones y se unificaron las tasas arancelarias de los diversos productos llegando hasta una tasa arancelaria del 10% sobre el valor CIF frontera; siendo menor inclusive para materias primas (5%) y bienes de capital (0%) de acuerdo a nóminas específicas, así como para los productos sujetos a los diversos acuerdos comerciales que se firmaron.

Las líneas liberales de política fueron modificadas por el actual Gobierno que, mediante su Plan Nacional de Desarrollo (PND), planteó el restablecimiento de medidas arancelarias y para-arancelarias enfocadas a proteger sectores estratégicos, que comenzaron a concretizarse, de alguna manera, en 2008, mediante el D.S. 29349.

Aunque las medidas señaladas sugieren importantes contrastes en política económica, en materia de importaciones, los hechos muestran una realidad totalmente diferente. La crisis económica de la primera mitad de los años ochenta debilitó fuertemente la gestión pública por lo que las restricciones a las importaciones fueron poco aplicadas en la práctica llevando a un proceso de liberalización comercial ya antes de la promulgación de la apertura comercial. El gráfico a seguir muestra, por ejemplo, que — a partir de información del INE — en 1984 el contrabando representaba 15,5% del PIB (68,3% del total de las importaciones legales e ilegales) y ya en 1990 caía y llegaba al 6,4% del PIB (el 39,7% del total de las importaciones). De esta forma, la flexibilización de las políticas comerciales aplicadas en 1985 parece haberse concretizado más bien en una sustitución de las importaciones legales por aquellas ilegales.

A comienzos de los años 2000, por otro lado, las estimaciones de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia muestran que las importaciones ilegales cayeron relativamente como porcentaje del PIB, alrededor del 4%; lo que podría estar asociado con la Ley General de Aduanas que fue promulgada en 1999 y que prometía un combate efectivo al contrabando en sus inicios, más que fue perdiendo impulso en el tiempo.

Durante la vigencia del nuevo Gobierno, 2006-2008, se observa, por el contrario, un incremento de las importaciones ilegales; llegando al 6,3% del PIB para el 2008; lo que podría estar explicado, en parte, por las extraordinarias entradas de remesas al país dirigidas en buena medida al consumo de las familias. En este contexto, también parecen poco aplicables las políticas establecidas en el marco del PND en materia de restricciones a las importaciones; principalmente porque no se conocen mejoras sustantivas en el control aduanero y, por el contrario, en la situación actual mayores aranceles podrían incentivar el contrabando por los mayores costos de oportunidad asociados a las importaciones legales.

Aún más preocupante es que los problemas de aplicabilidad de las políticas públicas desde 1985 en materia de importaciones ha ocasionado que el Estado, en los hechos, distorsione los precios del mercado interno; teniendo una especie de intervención a partir de la otorgación de altos subsidios a varios bienes provenientes del exterior, principalmente los de consumo final; yendo contra toda lógica económica o de desarrollo nacional.

En general, el contrabando se libra de varios pagos de tributos. Por un lado, la internación legal compone no solamente el arancel (10%) sino también tasas de almacén aduanero, de verificación, apodes especiales, despacho aduanero y otros, que llegan a alrededor de un 5% adicional. Por otro lado, no paga los impuestos internos: El IVA que tiene una tasa efectiva del 14,94% y el Impuesto al Consumo Específico para algunos productos (como vehículos, bebidas y cigarros) cuya tasa es variable. En muchos casos también las importaciones ilegales están asociadas a unida- el contrabando ha sido uno de los principales factores que ha afectado negativamente la expansión productiva, principalmente del sector de manufacturas des productivas informales por legalidad, lo que quiere decir que tampoco pagan el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (25%) ni el Impuesto a las Transacciones (3%). Finalmente, es importante señalar que el contrabando se libra de una serie de costos de transacción derivados de la burocracia pública en términos de papeleo y pérdida de tiempo.

El contrabando ha sido uno de los principales factores que ha afectado negativamente la expansión productiva, principalmente del sector de manufacturas, como se han mencionado en varias encuestas y opiniones emitidas por los empresarios. En este escenario parece haberse generado una trampa de pobreza estructural en la economía boliviana: Importaciones ilegales con precios bajos y desleales — incentivos adversos para la actividad empresarial en la industria manufacturera — baja dinámica económica, desempleo, subempleo, empleos de baja calidad y pobreza — demanda de bienes de bajo costo — importaciones ilegales — incentivos adversos y así siguiendo.