Límites jurídicos para el ejercicio del control social en el marco de la nueva constitución política del estado

Abstract

Actualmente, es dificil imaginar una estrategia que posibilite el incremento de la responsabilización de la adminstración pública al margen del protagonismo social de autoridades públicas principalmente de aquellos que proceden de las organizaciones sociales. Al respecto, se ha realizado una abstracción de los movimientos y organizaciones sociales, que en la práctica pretenden ejercen un control social a la adminstración pública. En cambio el actor que suele estar ausente es la ciudadanía misma, de allí que las organizaciones sociales por más que eventualmente puedan ser considerados sus agentes, se hayan convertido en el objeto de estudio de la investigación. La principal conclusión, tras el examen de diversos diseños institucionales y de la identificación de sus nudos críticos principales, es que las respuestas que se proporciones respecto de quienes, con qué, como y sobre qué habilitar el control social, pueden comprometer su eficacia y la propia democracia; de allí que si bien el reconocimiento y consagración del control social como un derecho puede dar la fuerza de la legitimación institucional al principio de que ninguna oficina pública estatal o no debe ser sustraída del escrutinio y debate público, la pretensión de institucionalizar el control social exige considerar las lecciones que derivan de la práctica.