Hoy en día el capital humano más importante de nuestra sociedad, son los niños, niñas y adolescentes, de ahí que el Estado está en la obligación de precautelar la integridad física, moral, intelectual, psicológica y otras que permitan garantizar un desarrollo integral de los mismos, como lo expresa el art.15 de la Constitución Política del Estado en su capítulo sobre Los Derechos Fundamentalísimos En este sentido la presente investigación titulada “Falta de Normativa en unidades educativas por Accidentes con Muerte”, surge de un hecho real lamentable acaecido en la Unidad Educativa “San Andrés”, ubicada en la Zona Sur de nuestra ciudad, un accidente con muerte de uno de los estudiantes fue la causa por la cual se imputo formalmente al Director de la Unidad Educativa. Acusándole de la comisión de los delitos de Homicidio Culposo y denegación de auxilio, tipificados en nuestro Código Penal Boliviano. El problema surge de la dificultad de establecer con mayor precisión la responsabilidad del hecho, lo que devino en la falta de normativa clara que prevea y prevenga estos accidentes con muerte. La investigación se desarrollo con una población de 50 personas que involucra a tres estamentos sociales director –administrativos, docentes – estudiantes y padres de familia, aplicando el método inductivo causal; siendo que la inducción parte de los hechos o casos particulares para llegar a principios o verdades generales” (Orozco, 2008.p. 25). Valiéndonos del uso de diferentes instrumentos y técnicas; materia prima de la investigación y el punto de partida para el análisis y reflexión profunda, teorización, problematización de los hechos. A partir de los resultados obtenidos, presumimos que la población y organizaciones de padres de familia de las unidades educativas públicas, de convenio y privadas de nuestro país, demandan la necesidad de una normativa clara y específica que prevea accidentes con muerte en Unidades Educativas.; que establezcan también la implementación de políticas de seguridad, mayor diligencia en el cuidado y vigilancia de los niños, niñas y adolescentes, es decir, velar por la protección del bien jurídico más preciado que es la vida de nuestros estudiantes. Aportes que nos permitieron luego plantear la propuesta, que podrá ser aplicado en todos los establecimientos educacionales.