En los contratos a servicio en instituciones públicas dependientes del Estado, se vulneran derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que están bajo esta modalidad de contrato, ya que no gozan de ningún beneficio, al contrario se abusa de la necesidad económica del trabajador, siendo que estos están en estricta sujeción a lo que mande el empleador, en los horarios y la fuerza de trabajo en sí, el Ministerio de Trabajo como entidad reguladora no tiene tuición sobre esta modalidad de contratos, al hacerlo estaría cumpliendo doble función de juez y parte, el Estado crea normas a nombre de Decretos Supremos para justificar y vulnerar estos derechos y obligaciones, no hay quien pueda fiscalizar este tipo de relación laboral, cuando la fuerza de trabajo se termina el trabajador queda sin ningún beneficio que le asegurare una vejez digna. La C.P.E en su Artículo 48 Parágrafos I, II y III, regula y prohíbe la evasión de la normativa socio – laboral y vulneración de los derechos constitucionales. La solución que se plantea es: La prohibición de promulgar normas que sean en perjuicio de las y los trabajadores, y que el Ministerio de Trabajo sea una entidad fiscalizadora, autónoma e independiente del Órgano Ejecutivo.