Distribución con equidad de la tarifa dignidad de energía eléctrica en la población de bajos recursos

Abstract

El estudio de tarifas eléctricas es una herramienta importante para garantizar la equidad y eficiencia en el suministro de energía a los diferentes sectores de la población, así se pueden explorar diferentes mecanismos para beneficiar a las familias de bajos recursos que dependen de la electricidad para sus necesidades básicas. Una estructura tarifaria adecuada debe permitir cubrir los costos de operación, mantenimiento y expansión del sistema eléctrico, así como incentivar el uso racional y eficiente de la energía, sin afectar negativamente a los usuarios de menores ingresos. Algunos de estos mecanismos son: a) La tarifa social, que otorga un subsidio a los usuarios que califican según ciertos requisitos, como, por ejemplo, tener un consumo menor a un límite establecido, formar parte de un programa social o estar en una situación de vulnerabilidad. b) La tarifa progresiva, que aplica precios crecientes por tramos de consumo. De esta manera, los usuarios que consumen menos pagan menos y los que consumen más pagan más. Esta tarifa busca reflejar el principio de que el consumo de electricidad es un bien básico hasta cierto nivel y un bien de lujo cuando sobrepasa el nivel básico. c) La tarifa diferenciada por horario, que fija precios más bajos para la electricidad consumida en las horas de menor demanda y más altos para las horas de mayor demanda. Así, se motiva a los usuarios a cambiar su consumo hacia las horas más económicas, lo que disminuye el costo total de su factura y alivia la presión sobre el sistema eléctrico. Estos mecanismos pueden ayudar a reducir la pobreza energética, que se define como la incapacidad de acceder o mantener un nivel mínimo de servicios energéticos básicos, como la iluminación, la calefacción o la refrigeración. La pobreza energética puede tener consecuencias negativas para la salud, la educación y el desarrollo económico y social de las familias. Por lo tanto, los estudios de tarifas eléctricas son una forma de promover la justicia social y ambiental en el sector eléctrico. En este contexto en el sector de distribución de electricidad se han analizado los subsidios a la electricidad para los sectores más vulnerables. Algunos ejemplos son los subsidios basados en el consumo promedio de energía eléctrica que se aplicaron en la segunda mitad de los años noventa para las poblaciones de bajos recursos, o los subsidios cruzados que se implementaron en países de África y las tarifas diferenciadas que otorgaron los gobiernos provinciales de Argentina han tenido en cuenta la capacidad económica de los usuarios. En el caso de Bolivia desde año 2006 se viene aplicando la Tarifa Dignidad que es una medida social que busca reducir la carga económica de los hogares bolivianos que consumen menos electricidad. Consiste en un descuento del 25% del monto total de la factura eléctrica para los usuarios de la categoría domiciliaria que no superen los 70 kWh mensuales. Este subsidio es cubierto por las Empresas Eléctricas a partir del 2006, se ha ido aplicando cada 4 años hasta la fecha. Sin embargo, la Tarifa Dignidad actualmente no considera criterios de distribución equitativa pues solo considera el criterio de consumo de hasta 70 kWh, ahora bien en este rango de consumo se encuentran usuarios que cuenta con 2 o más medidores o usuarios que consumen 0 kWh, lo cual demuestra que estos usuarios tiene la capacidad de pago por contar con varios patrimonios como ser varias casa o varios departamentos, por lo que estos usuarios deberían ser excluidos del beneficio de la tarifa dignidad, por otra parte en este grupo de usuarios que consumen de 0 a 70 kWh, también existen familias que tiene ingresos por encima de Bs 7.000 lo que también sería otro criterio de exclusión del beneficio de la Tarifa Dignidad. En el presente trabajo de Tesis de Maestría se propone implementar los anteriores criterios de exclusión para que el beneficio de la Tarifa Dignidad llegue realmente a los usuarios de bajos recursos, así mismo esta propuesta se plasma en proyecto de decreto supremo (política pública) para su aplicación en beneficio de la población de bajos recursos en territorio boliviano. SUMMARY The study of electricity rates is an important tool to ensure equity and efficiency in the supply of energy to different sectors of the population, so that different mechanisms can be explored to benefit low-income families who depend on electricity for their basic needs. An adequate tariff structure should cover the costs of operation, maintenance and expansion of the electricity system, as well as encourage the rational and efficient use of energy, without negatively affecting lower-income users. Some of these mechanisms are: a) The social tariff, which grants a subsidy to users who qualify according to certain requirements, such as, for example, having consumption below an established limit, being part of a social program or being in a situation of vulnerability. b) The progressive tariff, which applies increasing prices by consumption brackets. In this way, users who consume less pay less and those who consume more pay more. This tariff seeks to reflect the principle that electricity consumption is a basic good up to a certain level and a luxury good when it exceeds the basic level. (c) The hourly differentiated tariff, which sets lower prices for electricity consumed at off-peak hours and higher prices for off-peak hours. Thus, users are motivated to change their consumption towards the cheapest hours, which decreases the total cost of their bill and relieves the pressure on the electricity system. These mechanisms can help reduce energy poverty, which is defined as the inability to access or maintain a minimum level of basic energy services, such as lighting, heating or cooling. Energy poverty can have negative consequences for the health, education and economic and social development of families. Therefore, electricity rate studies are a way to promote social and environmental justice in the electricity sector. In this context, electricity subsidies for the most vulnerable sectors have been analysed in the electricity distribution sector. Some examples are the subsidies based on average electricity consumption that were applied in the second half of the 1990s for low-income populations, or the cross-subsidies that were implemented in African countries and the differentiated tariffs granted by the provincial governments of Argentina have taken into account the economic capacity of users. In the case of Bolivia, since 2006 the Dignity Tariff has been applied, which is a social measure that seeks to reduce the economic burden of Bolivian households that consume less electricity. It consists of a 25% discount on the total amount of the electricity bill for users in the home category who do not exceed 70 kWh per month. This subsidy has been covered by the Electricity Companies since 2006 and has been applied every 4 years to date. However, the Dignity Tariff currently does not consider equitable distribution criteria as it only considers the criterion of consumption of up to 70 kWh, however, in this range of consumption there are users who have 2 or more meters or users who consume 0 kWh, which shows that these users have the ability to pay for having several assets such as several houses or several apartments. On the other hand, in this group of users who consume from 0 to 70 kWh, there are also families who have incomes above Bs 7,000, which would also be another exclusion criterion from the benefit of the Dignity Tariff. In this Master's Thesis it is proposed to implement the previous exclusion criteria so that the benefit of the Dignity Tariff really reaches low-income users, likewise this proposal is embodied in a draft supreme decree (public policy) for its application for the benefit of the low-income population in Bolivian territory.