"Necesidad de modificaciones y ampliaciones a la ley 100 de 04 de abril de 2011"

Abstract

El presente trabajo dirigido se realizó por la preocupación que representa la imposibilidad de uso y disposición de vehículos confiscados por el delito de “Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diésel Oíl, Gasolinas y Gas Licuado De Petróleo”, establecido en el Artículo 226 bis., del Código Penal Boliviano, por lo cual de forma sintética se puede señalar que se realizó con un enfoque de una investigación experiencial, para ello se recabaron datos documentales, mismos que fueron analizados en el marco del contexto de las normas jurídicas y se llegaron a descubrir resultados que permitieron emitir conclusiones que determinan con claridad la existencia de problemas, asimismo se determinó que para la solución de estos problemas es necesario la emisión de disposiciones normativas, en base a estas conclusiones, es que al final del presente trabajo dirigido se presentó una propuesta de solución al problema, reflejado en anteproyecto de Ley. Asimismo, para una mejor comprensión de lo señalado anteriormente se describe en forma de resumen como se realizó el presente trabajo dirigido, para lo cual primeramente indicaremos que se realizó un diseño de la investigación, entendiendo conceptualmente por diseño lo siguiente: Diseño en castellano tiene un significado limitado a lo formal o adjetivado, hasta el punto de que se habla de «objetos de diseño», haciendo referencia a las característica externas (formas, texturas, colores, etc.) del artefacto, pero no al artefacto en su conjunto. Entre tanto, el termino anglosajón «design» hace referencia a toda la actividad de desarrollo de una idea de producto, de tal manera que se acerca más al concepto castellano de «PROYECTO», entendido como el conjunto de planteamientos y acciones necesarias para llevar a cabo y hacer realidad una idea. (Alcaide, Diego y Artacho 2001a, p.18). Para el efecto en principio se identificó el problema, como una situación donde el depositario de vehículos secuestrados, desconoce la situación jurídica de estos vehículos y aun cuando conociera la situación jurídica y contara con las Resoluciones Judiciales de confiscación es imposible realizar el registro de Derecho propietario de estos, porque simplemente no existe la disposición normativa que indique el cómo debe realizarse. Luego se recabaron datos documentales que puedan esclarecer la magnitud e importancia del problema. Además de identificar el problema como una situación sin solución por falta de disposición normativa expresa, se vio la imposibilidad de que en la vía legal y jurídica se pueda solucionar el problema a través de una interpretación e integración del Derecho por medio del método de la analogía. El tema de la investigación se justificó desde tres enfoques, el normativo, el económico y el social: Normativamente porque las disposiciones de la Ley Nº 100, presentan lagunas legales, para el cumplimiento de la finalidad de la Ley, del cual puede inferirse una de las finalidades que sería el de beneficiar a YPFB con los bienes confiscados, sin embargo, la realidad es totalmente diferente, porque no puede cumplirse dicha finalidad.