La justicia comunitaria denominada por la Constitución Política del Estado: jurisdicción indígena originaría campesina fue ganando terreno, ante la imposibilidad de impartir justicia en todo el territorio estatal. Con la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009 se reconoce la función judicial que realizan las autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Dentro del nivel convencional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denota la importancia de los Derechos de los pueblos indígenas, pero también un equilibrio en el ejercicio de su función jurisdiccional respecto a los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.