Auditoria gubernamental y la responsabilidad por la función pública

Abstract

La responsabilidad por el ejercicio de la función pública nace del mandato que la sociedad otorga a los poderes del Estado para que, en su representación, administren los recursos públicos persiguiendo el bien común y el interés público. La función pública desde el punto de vista de la responsabilidad, tiene una concepción basada en el mandato, es decir que los administradores de los órganos y reparticiones del Estado, deben rendir cuentas por el manejo de los recursos que les han sido confiados por la sociedad. La Auditoria Gubernamental en la responsabilidad por la función pública, basa su funcionamiento en las normas, leyes del estado, pero sus objetivos son más amplios, emitir una opinión acerca de la marcha de la empresa, evaluar sus metas, examinar su gestión y actores, efectuar un posterior seguimiento de las recomendaciones planteadas. Asimismo, todos los servidores públicos son responsables de los informes y documentos que suscriban y del ejercicio de su profesión. En el caso de los profesionales abogados, encargados del patrocinio legal del sector público, serán responsables cuando la tramitación de la causa la realicen con vicios procesales o cuando los recursos legales se declaren improcedentes por aspectos formales. El ejecutivo responsabilizado, la dirección colegiada si la hubiera y la máxima autoridad de la entidad que ejerce tuición, en el plazo perentorio de cinco días hábiles desde la entrega del dictamen, mediante oficio fundamentado dirigido al contralor general de la república, quien se pronunciará en el plazo establecido. El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito, en los delitos instantáneos, o desde la media noche del día en que cesó su consumación en los delitos continuados.