Bases para la implementación de una auditoria legal

Abstract

Quienes están involucrados, para quienes de alguna forma aspiran a ser parte del sistema, por lo menos queda un poco más claro cómo opera la justicia en diversas manifestaciones. Existen muchas razones por las que una organización (pública o privada) requiere de una auditoría legal, como es un acontecimiento en particular, como una imputación o sospecha de mala conducta de parte de los servidores públicos, empleados o la gerencia; inicio de una investigación o proceso por parte del gobierno; una demanda en contra de la organización; pérdida real o probable, causada por un riesgo legal previamente no percibido, etc. Sin embargo, la mayoría de las auditorías legales, deben ser conducidas en el curso ordinario de los negocios como parte de un programa efectivo de abogacía preventiva; verificar tanto el cumplimiento de las normas legales aplicables, como el cumplimiento de las políticas de la organización; identificar las áreas en las cuales está expuesta a riesgos legales innecesarios, lo que requiere de una evaluación cualitativa de la estructura, políticas, procedimientos, contratos y demás documentación legal. La auditoría legal es la herramienta de la abogacía preventiva que permite a las organizaciones identificar posibles problemas (riesgos) legales innecesarios que se pudieran presentar, y permite establecer cuáles son las medidas tendientes a eliminar o rehacer éstos, a través del análisis del cumplimiento de las obligaciones que le imponen las leyes, reglamentos, circulares, contratos, etcétera, a efecto de evaluarlos estableciendo prioridades y la manera de solucionarlos reducien-do el impacto que causan en ella. Una de las herramientas usadas por las organizaciones para reducir el potencial de riesgos legales deberían estar basadas en las políticas institucionales y códigos de conducta para establecer las normas por las cuales los empleados, servidores públicos y representantes de la organización deberían regirse; programas educativos que incluyan seminarios, manuales del empleado, servidores públicos y presentaciones en video para enseñar al personal las políticas y códigos de conducta de la organización, y sensibilizarlos en situaciones particulares las cuales podrían constituir una violación de las leyes o políticas institucionales; normas para estructurar operaciones, redactar documentos, etcétera; verificación del cumplimiento de las normas legales y políticas institucionales; identificar las áreas en las cuales está expuesta la institución a riesgos legales innecesarios; recomendar acciones correctivas, promover cambios en las leyes que afectan de forma adversa los negocios o actividades de la institución. “Las ventajas de la implantación de la auditoría legal en una organización, no concluyen con la información, constituyen un elemento fundamental de apoyo para la administración, ya que permite detectar los problemas, en fases iniciales facilitando su solución; genera, en su caso, la elaboración de manuales de políticas a adoptarse por el personal administrativo no legal, para disminuir la posibilidad de errores con proyecciones judiciales o administrativo-contenciosas; proporciona la oportunidad de capacitar al personal administrativo, mandos medios y aun a ejecutivos de alto nivel, en tópicos que tradicionalmente sólo se contemplan en su aspecto contable (por ejemplo, seguro social, INFONAVIT, etcétera.); permiten la corrección u optimización de los contratos, convenios, y en general, de los actos jurídicos celebrados por y en la empresa y; en el caso de elaborarse por un abogado externo, garantiza objetividad, imparcialidad, e incluso nuevas perspectivas en cuanto a los asuntos internos de la organización”. Pude entender que la tendencia en América Latina, es adoptar un modelo de aplicación de la Justicia, que, sin lesionar gravemente el sistema actual, que se cataloga como el sistema Románico – Latino – Napoleónico – Inquisitorio. Pueda ajustarse al sistema Acusatorio que sin afirmar que sea el mejor sistema del mundo, si es el modelo que de alguna forma interpreta las nuevas tendencias en la aplicación de la Justicia. Algunos países como México y Argentina, han adoptado un sistema Mixto, que combina diferentes sistemas y se adapta a la Constitución de cada país. Para esta transición, se necesitarán varios años. No es fácil adaptar un modelo de por si complejo y complicado, a una cultura en donde los “Juzgados” siempre estaban atestados de casos atrasados con archivos en paquetes de papeles amarillentos muchas veces amarrados con cabuya (mecate, una especie de lazo o soga hecha de fibra vegetal) mientras el “sospechoso” está encarcelado en espera de un juicio justo y durante varios años. Estos presos aún esperan sus juicios y sentencias basados en el viejo modelo. Solamente los casos nuevos son los que se les aplica el nuevo sistema penal.