Propuesta técnica y jurídica para la regularización de la facturación electrónica

Abstract

Un decreto supremo determina en qué lugar y en qué momento debe realizarse, de tal manera que su validez tiene un carácter espacial y temporal. Ante el constante avance tecnológico del sistema informático se desarrolla, es necesario tener acciones inmediatas por parte del Estado y ser respaldadas jurídicamente, tener jerárquicamente dentro el sistema normativo, por esta razón específica expresamos que debe ser normado este sistema de facturación electrónica por un Decreto Supremo. Cuando una norma es válida siempre se aplica a los hechos, cualesquiera sean el lugar y el tiempo en que se produzcan. Su validez es ilimitada, pero ello no significa que sea independiente del espacio y del tiempo, pues los hechos a los cuales la norma se aplica transcurren siempre en un lugar y en un tiempo determinados. Porque no puede ser una ley, el procedimiento de la elaboración de esta norma que es procesada en el Órgano Legislativo, debe cumplir muchos requisitos para poder ser aprobada y no es rápida su modificación, no es una repuesta inmediata a las necesidades que requiere el sistema de facturación electrónica, como explicamos anteriormente que este sistema por su avance tecnológico, necesita una respuesta inmediata para ser normada y jerárquicamente estará respalda jurídicamente por un Decreto Supremo. Para que un orden jurídico nacional sea válido, es necesario que sea eficaz, es decir, que los hechos sean en cierta medida conformes a este orden. Se trata de una condición sine qua non, pero no de una condición per quam. Una resolución administrativa no da la jerarquía necesaria de una normativa y no responde a las necesidades de poder normar el sistema informático de la factura electrónica, no se da la figura jurídica que tiene que tener este.