Aplicación de medidas preventivas y legales en la implementación de las agencias privadas de empleo para atenuar la trata y tráfico de personas en el municipio de la ciudad de El Alto

Abstract

La presente investigación ha centrado su análisis en las “Agencias Privadas de Empleo” establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 263 “Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas” promulgada el 31 de julio de 2012 y en el artículo 18 del Decreto Supremo Reglamentario Nº 1486 del 6 de febrero de 2013; como en el Convenio núm. 181, la recomendación N° 188 y la Guía para las Agencias Privadas de Empleo de la OIT. Para este fin se ha instituido como espacio geográfico de investigación la Ciudad de El Alto del Municipio de El Alto del Departamento de La Paz, Bolivia. A nivel internacional, históricamente hubo la intención de abolir las Agencias Privadas de Empleo por su mala reputación y los abusos cometidos en contra de los trabajadores, hoy en día con la promulgación del Convenio núm. 181, artículo 2 parágrafo 3 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se establecen los parámetros generales para la reglamentación, colocación y empleo para los trabajadores; al respecto y fruto del constante debate sobre la problemática mencionada, se ha puesto en consideración de los países miembros de la OIT, una descripción de los requisitos legales para establecer y administrar una Agencia Privada de Empleo. De esta manera la OIT, vine trabajando sobre el importante papel que desempeñan las Agencias Privadas de Empleo en el mercado laboral. El año 2007 la OIT, puso a disposición la Guía para las Agencias Privadas de Empleo en la que contempla su reglamentación, monitoreo y ejecución, que además es rica en experiencias de otros países sobre la regulación de las Agencias Privadas de Empleo. En Bolivia, según la normativa vigente, la Ley General del Trabajo que data de 1942, menciona en el artículo 31, que el Estado tiene el monopolio de la intermediación laboral; por otra parte el D.S.288 de 4 de abril de 1945 en su artículo 3, prohíbe cualquier tipo de intermediación laboral privada. En la reciente norma promulga del 31 de julio de 2012 “Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas” Nº 263, artículo 25, atribuye la competencia al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, el funcionamiento de las Agencias Privadas de Empleo y en el Decreto Supremo reglamentario Nº 1486 del 6 de febrero de 2013, artículo 18, establece los requisitos mínimos para el funcionamiento y posterior reglamentación a cargo del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social. Por otra parte, cabe mencionar que en el año 1954, el Estado boliviano ha ratificado la II parte del Convenio 96 de la OIT, para la supresión progresiva de las Agencias Privadas de Empleo, que hasta el momento el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, según las entrevistas realizadas continúan trabajando en ese sentido, por lo que no han tomado en cuenta el Convenio núm. 181 y la recomendación N° 188 de la OIT. En la práctica, en el ámbito geográfico de la presente investigación, se ha podido establecer que existen singulares formas de intermediación laboral, que desarrollan actividades de forma ilegal y algunas clandestinamente, sin embargo algunos operadores de las Actividades de Intermediación laboral en la ciudad de El Alto, han intentado regularizar su actividad registrándose en la Alcaldía de la Ciudad de El Alto como en FUNDAEMPRESA, con la razón social de comerciales, prestamos, bienes raíces etc. e inclusive con el nombre de agencia de empleo como es el caso en FUNDAEMPRESA. En este contexto, es de imperiosa necesidad ajustar la normativa nacional a la realidad del mercado laboral y la intermediación en Bolivia y sin ánimo de imponer la consideración de la adopción de un modelo de intermediación laboral garantista sobre las Agencias de Empleo Privadas establecidas en el Convenio núm. 181 de la Organización Internacional del Trabajo, como un medio de prevención real para atenuar el delito de Trata y Tráfico de personas.