Capacidades institucionales de las entidades territoriales autónomas en Bolivia

Abstract

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) fue aprobada en julio de 2010 como un mandato de la Constitución Política de Estado para regular el procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. Sin embargo, esta no realiza ninguna modificación a la forma de asignación de las competencias realizada por la norma fundamental, ni introduce la posibilidad de que los GGAA puedan escoger del catálogo competencial constitucional, las competencias que ellos vieran convenientes según su capacidad de gestión. Es decir, desarrolla y precisa el régimen autonómico sobre la base de un diseño estructural simétrico. En el presente trabajo se analiza las capacidades institucionales como aquel instrumento a través de cuya utilización se pueda realizar un diagnóstico y delinear un programa de fortalecimiento institucional que permita a las ETA ejercer efectivamente aquellas responsabilidades que les han sido asignadas. El recorrido comienza con el análisis de la evolución del concepto desde su introducción en los años 80, su redefinición en los años 90, hasta la determinación de los factores que lo conforman en la actualidad, estableciéndose una definición orientadora que guía el desarrollo del trabajo, así como aquellas aproximaciones, premisas, consideraciones sobre las que se asienta y componentes y niveles que son necesarias tomar en cuenta para su medición. Posteriormente se analizan aquellos elementos de contexto (macro influencias) que afectan la capacidad institucional de una ETA sobre los cuales esta tiene escaso control, y aquellos sobre los que tiene un amplio control (micro influencias), desarrollando un modelo que consta de 4 dimensiones y 12 factores, cuya incidencia sobre las capacidades institucionales de un GGAA es puesta de relieve a través del trabajo. A continuación, se aplican los mismos a un estudio de caso, para lo cual el modelo propuesto es operativizado en tres dimensiones, nueve indicadores y nueve variables, que son calificados de acuerdo a escalas propuestas para cada indicador, lo que permite determinar un puntaje final agregado de la ETA en estudio, así como establecer una serie de recomendaciones de política para fortalecer su capacidad institucional por dimensión. Finalmente se incluye un conjunto de conclusiones ordenadas por capítulo y recomendaciones orientadas a darle mayor fluidez y cobertura al estudio de esta herramienta tan necesaria como compleja.