El Silencio Administrativo y sus Efectos

Abstract

Los procedimientos administrativos son los actos que regulan las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública con sus actuaciones garantizando el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante éste ente. El Gobierno Central está conformado por Administración General del Estado. Todas las personas naturales y jurídicas tienen capacidad para actuar ante la administración, en los casos que pretendan defender sus derechos e intereses y bajo un procedimiento que les permita actuar con la asistencia o no de un abogado. Todas las personas naturales o jurídicas están en pleno derecho de conocer en cualquier momento el estado de su trámite y obtener copias de lo actuado; así como todos los afectados están obligados a facilitar toda a información que la Administración les solicite. Una vez que haya transcurrido el tiempo estipulado de rigor la administración está obligada a resolver todos los casos que ante ella se hayan presentado Uno de los principales obstáculos que tienen los ciudadanos para acceder a la justicia es la lentitud en conseguir las decisiones administrativas. Esto causa desconfianza en los ciudadanos que buscan una pronta solución a sus conflictos. La Administración Pública tiene la obligación de resolver todos y cada uno de los procesos iniciados por los interesados. La falta de una resolución se hablaría de un silencio administrativo o en su defecto de mora administrativa. Según datos del Banco Mundial, el Poder Judicial se demora en un proceso laboral unos 1647 días y en un proceso civil unos 2048 días. Esta demora trae como consecuencia que la evidencia muchas veces desaparezca y que se incrementen los índices de mora judicial en el país. Asimismo, crea incertidumbre en los inversionistas y la población en general. Así, varios expertos plantean hacer una operación de descongestionamiento judicial de más de tres millones de causas a través de la implementación de mecanismos como los de caducidad, perención, prescripción de los casos vistos en los juzgados, entre otros. Una vez descongestionada la carga procesal se podrá exigir a los jueces el cumplimiento de los plazos procesales establecidos en las leyes.