"Análisis de la Ley 974 de unidades de trasparencia y lucha contra la corrupción y su aplicación en las entidades públicas del nivel central del estado (2017-2019)"

Abstract

La corrupción, como fenómeno multidimensional y global se constituye en un mal que a lo largo de los años ha lastimado a nuestro país y ha limitado su desarrollo y progreso. Es por ello fundamental, la construcción de un nuevo Estado con valores y principios ético-morales solidos en nuestra sociedad y nuestros servidores públicos, para asumir una política pública de "Cero Tolerancia a la Corrupción" acompañada de mecanismos legales e institucionales de transparencia y prevención y lucha contra la corrupción, con el fin supremo de privilegiar los intereses del pueblo boliviano La Constitución Política del Estado y la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, dieron bases sólidas al Estado Plurinacional de Bolivia, para avanzar en acciones concretas para la transparencia y la lucha contra la corrupción en nuestras entidades públicas. A esto se suma la Ley No 974, "Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción" en fecha 04 de septiembre de la gestión 2017, ley que regula el funcionamiento de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y su coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia institucional Es importante poner de relieve, que esta nueva ley define los siguientes aspectos: Transparencia como la "Administración de los recursos del Estado visible y limpia, por parte de las servidoras y los servidores públicos, personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que presten servicios o comprometan recursos del Estado. Así como la honestidad e idoneidad en los actos públicos y el acceso a la información en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma expresa" Prevención como "Las Políticas, planes, programas, proyectos, mecanismos y acciones orientadas a evitar actos de corrupción". Lucha Contra la Corrupción como las "las políticas, planes, programas, proyectos, mecanismos y acciones, destinadas a realizar el seguimiento, monitoreo y gestión de denuncias por actos de corrupción; y consecuente la recuperación del daño económico causado al Estado" .